¿Qué han significado ocho años de “Revolución Ciudadana” para Ecuador?

¿Qué han significado ocho años de “Revolución Ciudadana” para Ecuador?

Por Federico Acosta Rainis, para Instituto Manquehue.

El 15 de enero de 2015 se cumplieron ocho años de la llamada Revolución Ciudadana, el proceso iniciado en 2007 en Ecuador con el acceso a la presidencia del economista Rafael Correa al frente del movimiento Alianza PAIS. Se intentará precisar aquí algunas de las características de este fenómeno, recuperando tanto sus principales éxitos como sus aspectos más cuestionados y deudas pendientes.

Correa ha indicado varias veces que su proyecto está inspirado en lo que se denomina Socialismo del Siglo XXI. Este concepto, creado por el sociólogo alemán Heinz Steffan y popularizado por el ex presidente venezolano Hugo Chávez, ha sido apropiado y reinterpretado de diversas maneras por algunos líderes latinoamericanos contemporáneos. Para Correa constituye un conjunto de principios antes que un modelo, que reconocen al trabajo humano como fin último del proceso productivo y lo ponderan frente al capital.

Correa se propuso hacer un cambio radical y comenzar desde cero en la creación de un orden político nuevo; la constitución ecuatoriana de 2008, ratificada luego por un 64% de la población mediante otro referéndum, fue la principal herramienta que le permitió avanzar en este sentido.

Se rescatan ciertos elementos del socialismo tradicional —el interés por la justicia social, la equidad, y la regulación parcial de la economía— mientras que se abandonan algunos de sus aspectos más criticados, como la idea de cambio violento y la estatización de los medios de producción. Se reservan, sin embargo, la propiedad pública de determinados sectores considerados estratégicos, como los recursos naturales —Ecuador es un productor de hidrocarburos y tiene una importante zona selvática—, la energía y las comunicaciones.

Este posicionamiento político entra en sintonía con otros proyectos latinoamericanos recientes que, con mayor o menor énfasis, buscaron una salida progresista, propia y original al desastre político, económico y social en el que las políticas neoliberalistas del Consenso de Washington habían sumido al continente desde inicios de los 90.

El origen de la llamada Revolución Ciudadana fue bastante singular: Correa se jugó todas las fichas a la presidencia y optó por no presentar candidatos a diputados para el congreso, porque quería hacer un referéndum para aprobar una nueva constitución y entonces elegir nuevos representantes. Esta decisión fue bastante arriesgada si se considera que ganó las elecciones recién en el ballotage, tras haber obtenido el segundo lugar en la primera vuelta con menos de un 25% de los votos.

A pesar de la oposición del parlamento, en 2007 logró realizar la consulta popular en la que más de un 80% de los ciudadanos dio el sí para la creación de una asamblea constituyente. Este triunfo político significó una gran legitimación pública y reveló lo poco que representaba a la ciudadanía un congreso que se había negado repetidas veces a la redacción de una carta magna.

Correa se propuso hacer un cambio radical y comenzar desde cero en la creación de un orden político nuevo; la constitución ecuatoriana de 2008, ratificada luego por un 64% de la población mediante otro referéndum, fue la principal herramienta que le permitió avanzar en este sentido. Uno de sus aspectos más novedosos fue la asignación de dos nuevas funciones al estado, agregando a la Ejecutiva, Legislativa y Judicial, la de Participación Ciudadana y la Electoral, para aumentar la participación de la sociedad civil en temas como el control de la corrupción y los procesos eleccionarios. Desde la oposición se han criticado estas propuestas, señalándolas como un aumento del control gubernamental.

Otra de las ideas que aparece con más fuerza en la carta magna es el fortalecimiento del rol del estado en la economía, expresada en la formulación de planes concretos de desarrollo y el énfasis en la economía colectiva y comunitaria. En cuanto a nuevos derechos sociales y civiles, se incluyen el derecho al agua, a la soberanía alimentaria y a la plurinacionalidad, es decir, al reconocimiento oficial de la pluralidad cultural en la nación ecuatoriana.

Se reemplaza lo “multiétnico” —concepto empleado durante los noventa por instituciones multilaterales como el BID y ONG asistencialistas— por la noción superadora de “interculturalidad”, que no se limita a reconocer la existencia de diferencias culturales sino que las enmarca en un contexto político concreto, promoviendo la integración pero también el emponderamiento de las minorías.

A pesar de esto, el oficialismo ha tenido múltiples cortocircuitos con las comunidades aborígenes y muchas de ellas hoy se oponen a sus políticas: entre otras cosas, han quedado fuera de la constitución el derecho a consulta sobre la explotación de los recursos naturales en sus territorios y el reconocimiento del quechua y el shuar como lenguas oficiales con los mismos derechos que el español.

Luego de ocho años de gobierno, uno de los logros más importantes de Rafael Correa es sin dudas la estabilidad política; la constitución de 2008 fue la vigésima en la historia del Ecuador, algo que da cuenta de la crónica inestabilidad a la que estaba acostumbrada el país. Este proceso se vio casi interrumpido el 30 de septiembre de 2010, cuando el presidente quedó virtualmente secuestrado en un hospital de la policía tras negarse a dar marcha atrás con Ley de Servicio Público, ley que modificaba las relaciones de los uniformados con el estado y la sociedad. La situación se resolvió en el mismo día con el apoyo de la población civil y las fuerzas armadas, y tanto Correa como la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, condenaron los hechos como un intento de golpe de estado.

Luego de ocho años de gobierno, uno de los logros más importantes de Rafael Correa es sin dudas la estabilidad política; la constitución de 2008 fue la vigésima en la historia del Ecuador, algo que da cuenta de la crónica inestabilidad a la que estaba acostumbrada el país.

Hubo también importante avances en términos económicos y sociales, especialmente entre los sectores más desfavorecidos: la pobreza disminuyó en más de 15 puntos desde niveles iniciales cercanos al 40%, el desempleo bajó al 5% —aunque todavía persiste un alto porcentaje de subempleo— y la desigualdad, medida según el coeficiente de Gini, tuvo una merma de más de 10 puntos. En 2014 el país creció alrededor del 4%, uno de los porcentajes más altos de América Latina.

La renegociación en términos beneficiosos de los contratos petroleros, la auditoría y posterior quita de una parte de la deuda externa y el superávit fiscal posibilitado por una reforma tributaria progresista, habilitaron una gran disponibilidad de divisas que fueron reinyectadas en la economía mediante obra pública y redistribución: se duplicaron las ayudas sociales, se mejoró la estructura de carreteras, se inauguraron una buena cantidad de nuevas escuelas, universidades y centros de salud y, en los últimos años, hubo una fuerte inversión en energías alternativas como la hidroeléctrica.

Con todos estos cambios Ecuador, una nación relativamente pequeña en extensión y población, ha ganado terreno en el ámbito internacional y muchos analistas se han interesado por su evolución. En el plano regional se afianzó la alianza con países como Venezuela, Bolivia, Argentina y Brasil. Aunque con un estilo más conciliador que el de Chávez con respecto a Washington, Correa es quizás el candidato principal a ocupar el vacío que la muerte del venezolano ha dejado como referente en la lucha a favor de la autodeterminación del continente y en contra del neoliberalismo; no es casualidad que Quito haya sido nombrada capital y sede permanente de la Secretaría General de la UNASUR.

Los números muestran que una gran parte de la ciudanía acompaña las políticas del gobierno: en 2013 Correa fue reelecto con más del 57% de los votos mientras que el segundo candidato, Lasso, apenas arañó el 23%. Este éxito debe ser enmarcado también dentro de la capacidad comunicativa del gobierno en general y del presidente en particular. Correa es un hombre académico y muy formado, que no teme a la exposición pública y tiene grandes dotes como orador. Ha tenido más de una polémica con los medios de comunicación a los que considera atravesados por una contradicción que muchas veces no pueden salvar: son agentes privados que responden a intereses privados pero cumplen una función social.

En este sentido vale recordar la reciente Ley Orgánica de Comunicación que entre otras cosas divide las frecuencias radioeléctricas en partes iguales entre los sectores público, privado y comunitario y establece un porcentaje mínimo obligatorio de contenido nacional en la programación televisiva. Una de las figuras más controversiales de la nueva ley es la de “linchamiento mediático”, que según el gobierno permite detener la difusión de información que busque desprestigiar deliberadamente a un individuo, mientras que para algunos medios y grupos opositores, constituye un avance contra la libertad de expresión.

Es innegable que el alza del precio del petróleo a nivel mundial ha contribuido a potenciar la economía y financiar los proyectos redistributivos que permitieron una mejora sensible y necesaria en los indicadores socioeconómicos, pero quedan dudas sobre qué pasará a futuro si no se avanza sobre la diversificación y la industrialización, a fin de producir mercaderías con valor agregado.

Una de las principales deudas de la Revolución Ciudadana es sin dudas la falta de una descentralización política efectiva, aunque hay que reconocer que esta es una característica bastante típica en el paisaje político latinoamericano: lo que se ha denominado de forma deliberadamente malintencionada y peyorativa como caudillismo, no deja de reflejar una compleja realidad del continente.

Muchas veces se estructuran relaciones políticas alrededor de mandatarios que gobiernan con firmeza y apoyo popular, pero que dejan un vacío enorme y difícil de llenar cuando abandonar el poder, propiciando severas crisis políticas. Si bien algunas propuestas del gobierno ecuatoriano —como la apertura del estado a la ciudadanía que propone la nueva constitución—, han permitido avanzar en este sentido, aún queda mucho por hacer, y es responsabilidad fundamental de los líderes políticos y de la sociedad toda el trabajar para crear una democracia más participativa y transparente.

Mucho se ha polemizado, por ejemplo, sobre la enmienda constitucional que habilitó la reelección indefinida de todos los mandatos de elección popular, incluido el del presidente.

Algo similar ocurre con la estructura productiva ecuatoriana, de corte marcadamente extractivista y muy dependiente aún de la exportación de materias primas. Es innegable que el alza del precio del petróleo a nivel mundial ha contribuido a potenciar la economía y financiar los proyectos redistributivos que permitieron una mejora sensible y necesaria en los indicadores socioeconómicos, pero quedan dudas sobre qué pasará a futuro si no se avanza sobre la diversificación y la industrialización, a fin de producir mercaderías con valor agregado. Según el presidente, ese es el objetivo principal del gobierno durante los próximos años.

Para concluir, podría decirse que en los últimos ocho años Ecuador ha sido testigo de una transformación profunda en la estructura política del país. La oposición está muy fragmentada entre sectores de izquierda —constituidos también por algunos movimientos sociales que se alejaron del oficialismo, criticando la falta de una reforma en la distribución de la tierra y el agua—, y una derecha tradicional que, acostumbrada a mirar con buenos ojos al extranjero, se ha visto muy afectada —tal vez más desde lo político que desde lo económico— por un gobierno de marcado corte popular.

El oficialismo sigue siendo el actor con más peso y el más dinámico en la escena nacional y no se vislumbran grandes cambios en este escenario durante el 2015. Se abre el interrogante, sin embargo, de cómo enfrentará el gobierno la reducción de ingresos por la caída del precio del barril de crudo, que a la fecha casi toca el piso de los 40 dólares y puede producir serios problemas en un país tan dependiente de las exportaciones de sus hidrocarburos.

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