América Latina está de luto

América Latina está de luto

Por Federico Acosta Rainis, para American Herald Tribune.

Otra vez América Latina está de luto: Brasil camina derecho hacia un golpe de Estado institucional, como aquellos ocurridos en 2009 en Honduras y en 2012 en Paraguay. El último domingo, 367 de los 513 diputados brasileños dijeron sí al impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Ahora la cuestión pasará al Senado, donde la batalla probablemente ya esté perdida.

El oficialista Partido de los Trabajadores (PT) tiene gran parte de la responsabilidad de que las cosas hayan llegado a este punto. La debacle política es la conjunción entre una crisis económica y otra de representación, que a lo largo del tiempo el gobierno no supo ni pudo resolver.

Después de ser admirado durante un década por analistas internacionales de todo tipo y de alcanzar picos de crecimiento anuales superiores al 7%, el denominado “capitalismo de estado” brasileño entró en una debacle tan rápida como estrepitosa. Durante 2015, el PBI cayó 3,8 puntos y las cifras para este año no son mucho más alentadoras.

Frente a la baja del valor de las commodities —Brasil concentra el 60% de sus exportaciones en solo siete productos primarios— y la devaluación del real que perforó los salarios, en vez de apuntalar el consumo interno y refugiarse del mal clima internacional en su propia economía, el Ejecutivo optó por aplicar un severo plan de ajuste, austeridad y recorte del gasto público. El resultado, esperable, fue el freno completo de toda actividad económica.

A ese clima de mal humor social se sumaron los numerosos escándalos de corrupción que salieron a la luz e involucraron a funcionarios de todo el arco político, siendo el caso más sonado el de la gigantesca petrolera estatal Petrobras. Los desvíos de fondos fueron de casi cuatro mil millones de dólares y complicaron a varias de las principales empresas contratistas de infraestructura pública. Esto provocó una crisis de confiabilidad de los inversores, que fugaron sus dólares al exterior, y de los ciudadanos de a pie sobre los propios políticos, especialmente aquellos del PT.

Aunque el oficialismo debe hacerse cargo de sus errores, lo que ocurrió el domingo último en Brasil no deja de ser escandaloso y cínico: un parlamento con la mayoría de legisladores acusados por delitos graves —corrupción, ocultamiento de cuentas offshore, tortura, homicidio culposo entre otros—, impulsó la remoción de la cabeza del Poder Ejecutivo sin que esta haya cometido ningún “crimen de responsabilidad”, algo que manda la Constitución como requisito previo para iniciar el proceso.

Rousseff es acusada de mover dineros de bancos públicos hacia programas sociales, una práctica contable realizada por todos los gobiernos anteriores y que si es bien constituye una irregularidad, de ninguna manera puede considerarse corrupción o malversación de fondos. Mientras tanto, los dos hombres del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) —ex aliado del PT— que lideran el golpe, también deben enfrentar a la Justicia: el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, está acusado de recibir cinco millones de dólares en sobornos y es investigado por mentir sobre cuentas multimillonarias en el exterior, y el vicepresidente Michel Temer, que se relame en silencio mientras espera suceder a Rousseff, tiene abierto un juicio político por las mismas razones que la Presidenta.

Pero además de cínico, lo que está ocurriendo en Brasil es muy grave. Porque vuelve a poner en evidencia la fragilidad institucional latinoamericana, a pesar de que la mayoría de los países ya tienen encima unos treinta años casi ininterrumpidos de democracia.

La recurrencia de los denominados “golpes blandos” obliga a prestar atención a sus características: quienes hoy atentan contra la democracia ya no llaman a las puertas de los cuarteles. En cambio, buscan jueces amigos que operan motivados políticamente, utilizan medios monopólicos que direccionan la opinión pública bombardeando con noticias desalentadoras, negocian votos de legisladores inescrupulosos; en fin, crean toda una vasta y compleja red conspiradora aprovechando vericuetos legales o forzando leyes, que termina con la salida anticipada de un gobierno elegido en las urnas.

No es necesario ser un gran observador para darse cuenta que los gobiernos tumbados de esta manera son aquellos que cuentan —o, al menos, contaron— con el apoyo de las grandes mayorías populares excluidas de la política durante los veinte años anteriores, y que quienes dirigen los golpes son las oligarquías conservadoras locales, de estrechos vínculos con el empresariado, las finanzas y los centros de poder globales. Los mismos de siempre han encontrado novedosas formas de sofocar cualquier intento de mejora de los que menos tienen.

¿Cómo pueden enfrentar estos desafíos los gobiernos progresistas de la región?

En primer lugar, manteniendo una tolerancia cero ante sospechas de corrupción. La corrupción es un cáncer inherente a la política que no inhabilita los logros de ningún proceso: el éxito de una administración no se mide en más o menos casos de malversación sino a partir de la mejora en los derechos y las condiciones de vida de los ciudadanos. Pero aunque la corrupción no haya sido mayor que en otras épocas y haya manchado también a los partidos opositores, ha deslegitimado severamente a los oficialismos y es aprovechada para cuestionar o relativizar los progresos que ellos alcanzaron.

Es fundamental además el desarrollo de estrategias comunicacionales actualizadas. La retórica política clásica habilitó la repolitización de las sociedades latinoamericanas y fue fundacional de los núcleos duros que nutrieron con cuadros medios a los gobiernos para avanzar en distintos flancos (educación, salud, derechos de minorías, etc.). Sin embargo, así como refinaron sus estrategias golpistas hacia formas más sutiles y “blandas”, las oligarquías locales también comenzaron, ayuda mediática de por medio, a construir un discurso aséptico, desideologizado y de sentido común, que podríamos llamar “posmoderno”, que poco a poco empezó a prender en una ciudadanía agotada de la intensa discusión política de la última década. La respuesta progresista obviamente no puede ser desideologizar la palabra y traicionar la política. Pero requiere de buscar caminos novedosos para comunicar a la sociedad lo que se defiende, lo que se hace, cómo se lo hace y por qué se lo hace. Entrar con nuevas armas en la arena discursiva posmoderna, para dar batalla en la construcción colectiva de sentido e interpelar a aquellos que hoy parecen ininterpelables por enfado, aburrimiento o cansancio. Para eso se necesita voluntad de salir de los lugares comunes y, sobre todo, mucho pero mucho ingenio.

Finalmente, es necesario crear herramientas institucionales y legales que mejoren las democracias vigentes, aseguren la no intromisión de los tres poderes entre sí, regulen con efectividad a los medios (el cuarto poder) y protejan los nuevos derechos adquiridos de forma eficaz. De lo contario, estos pueden esfumarse de un plumazo con un cambio de gobierno, como está ocurriendo en Argentina. Sin juzgar sus aciertos y errores, la intensa resistencia de la Revolución Bolivariana —que sobrevivió más de quince años, se sobrepuso a un golpe y a decenas de intentos desestabilizadores internos y externos— tiene mucho que ver con la arquitectura institucional que la sostiene, materializada en una novedosa Constitución.

Los países emergentes siempre corren desde atrás en un mundo globalizado y desregularizado que les es hostil porque está diseñado con esa intención: extraer riquezas de los márgenes para acumularlas en los centros. En este contexto, la defensa de las soberanías nacionales, la continuidad democrática y la posibilidad de soñar un futuro mejor, depende de que las periferias unan fuerzas, desarrollen relaciones Sur-Sur descentralizadas, aprendan de experiencias ideológicamente similares y empleen a fondo su creatividad para estar a la altura de los nuevos desafíos que se presentan.

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